Lorena de la Garza Expresa su Descontento por la Asignación del Refrendo Vehicular al DIF Capullos
La diputada local, Lorena de la Garza, expresó su oposición firme ante la decisión del gobierno del estado de destinar la recaudación de los pagos del refrendo vehicular 2024 al DIF Capullos. De la Garza argumentó que esta elección careció de transparencia y de un proceso legislativo adecuado, generando un conflicto de interés, especialmente en el contexto del inicio del año electoral. La conexión de Mariana Rodríguez, precandidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, con la mencionada institución, añade una capa adicional de preocupación a esta asignación presupuestaria.
Crítica a la Administración de Recursos Durante el Periodo Electoral
Lorena de la Garza subrayó la importancia de manejar de manera integral y responsable los recursos durante un periodo electoral. Destacó que la utilización de causas nobles con fines políticos es inmoral y va en contra de los principios democráticos fundamentales. Además, instó a la titular de AMAR a Nuevo León a solicitar licencia de cualquier cargo que pueda influir en el uso de fondos estatales. Esta medida busca evitar que los recursos y programas estatales se utilicen como moneda de cambio en la arena política, preservando así la integridad del proceso electoral.
Controversia por la Asignación del Refrendo Vehicular al DIF Capullos
Con antelación, el gobierno de Nuevo León había anunciado que el dinero recaudado por el refrendo vehicular se destinaría al DIF Capullos, basándose en la reconducción presupuestal del 2023 para el 2024. Desde el 2 de enero, los ciudadanos comenzaron a pagar el refrendo, con tarifas que varían según el modelo del vehículo. Sin embargo, esta asignación ha generado controversias y críticas, especialmente debido a la coincidencia con el año electoral y la participación activa de Rodríguez en Movimiento Ciudadano. Este escenario plantea dudas sobre la imparcialidad y la objetividad en la toma de decisiones gubernamentales, alimentando la inquietud pública sobre posibles influencias políticas en la asignación de recursos.