Diputados del PRI, PAN y PRD en Nuevo León han lanzado una campaña para reunir firmas y así impulsar amparos colectivos en contra del reciente aumento en las tarifas del transporte público. Desde el exterior de la estación del Metro Cuauhtémoc, los legisladores abordaron a los usuarios del transporte para explicarles el motivo de esta iniciativa y pedir su apoyo para revertir la medida, que ha elevado el precio de cada viaje en camión a 15 pesos.
En el primer día de actividades, los legisladores instalaron un módulo de recolección de firmas con una gran lona en la que se leía “#Reversaaltarifazo de Samuel”. Además, todos los integrantes del movimiento portaban camisetas con la misma frase, para mostrar unidad y llamar la atención de los transeúntes
“Los diputados de PRI, PAN y PRD exigimos reversa al tarifazo de Samuel; defenderemos el derecho de los ciudadanos de contar con un transporte público digno y accesible”, señalaba un banner junto al módulo.
A lo largo de la semana, esta actividad se replicará en varios puntos de alta afluencia en la Zona Metropolitana de Monterrey. Entre los lugares seleccionados están estaciones como la Línea 1 del Metro en “Y Griega”, donde los congresistas esperan sumar la mayor cantidad de firmas posible. Los legisladores argumentan que, además del alza en el costo, el servicio del transporte sigue siendo deficiente, sin mejoría en la frecuencia de los camiones o en la reducción de tiempos de espera.
Legisladores Alzan la Voz en Oposición al Aumento de Tarifa
Para los legisladores de los partidos involucrados, este aumento de precio, aprobado por el gobierno del estado, representa una carga adicional injustificada para los ciudadanos. “No es justo que suban el precio de un servicio que cada vez es más deficiente”, declaró la diputada Lorena de la Garza, refiriéndose a que ni el número de camiones ni los tiempos de traslado han mejorado, y que la problemática de movilidad persiste sin solución.
Este movimiento busca también presionar para que las autoridades escuchen el descontento de los usuarios. Según los legisladores, el aumento del precio del camión ha generado una amplia inconformidad en la población, que percibe el incremento como una medida unilateral sin consideración de las carencias actuales del sistema de transporte. La demanda principal es que el gobierno enfoque recursos y esfuerzos en mejorar la calidad del servicio antes de implementar aumentos que impacten negativamente en la economía de las familias.
En este contexto, los diputados han anunciado que reunirán al menos 6 mil firmas antes de presentar los amparos colectivos ante un Juzgado Federal en materia Administrativa. Con esto, buscan que la justicia intervenga para frenar el alza y que se prioricen las condiciones de calidad en el transporte público.
Gobierno de Nuevo León les Madrugó con el Aumento
El llamado “tarifazo” se refiere al reciente incremento en el precio de los camiones del estado, el cual pasó de 12 a 15 pesos por viaje. Según el gobierno estatal, este aumento fue necesario para cubrir las demandas financieras de los empresarios transportistas, quienes argumentan que el sector opera con márgenes muy reducidos, incluso en números rojos. El nuevo precio del camión se estableció bajo el concepto de “Rutas Alternas Integradas”, una medida que ha sido ampliamente rechazada por la ciudadanía y los diputados de la oposición.
La respuesta del gobierno ha sido calificada como insuficiente por los legisladores y organizaciones civiles, quienes señalan que el servicio de transporte sigue mostrando muchas deficiencias. Entre las quejas más frecuentes de los ciudadanos están los largos tiempos de espera, la falta de unidades y la carencia de rutas en algunas colonias. Este panorama, argumentan, contradice cualquier justificación para un aumento en los pasajes del camión y refleja una desconexión entre la política de precios y la realidad que viven los usuarios día a día.
Por su parte, los legisladores han instado a las autoridades a considerar alternativas que no perjudiquen a la población. Además, exigen que se destinen mayores recursos para optimizar la infraestructura de transporte en lugar de aplicar tarifas más altas. Con el “tarifazo”, argumentan, los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para movilizarse, mientras que las autoridades parecen hacer oídos sordos a sus demandas de mejoras en el servicio.
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