A partir del martes 17 de junio de 2025, entra en vigor una reforma que modifica de forma directa las condiciones laborales de millones de personas en México. Se trata de la conocida como “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que tiene como propósito garantizar espacios de descanso adecuados, sobre todo para quienes pasan varias horas de pie durante sus jornadas.
Esta ley se convierte en una respuesta a las demandas de trabajadores que por años han laborado en condiciones que generan afectaciones físicas, como dolores en espalda, piernas, y una sensación constante de agotamiento. A través de cambios en los artículos 132 y 133 de dicha ley, se establece de forma clara que los empleadores están obligados a facilitar sillas con respaldo funcional y en número suficiente para permitir que las personas se sienten durante sus actividades o tiempos de descanso, siempre que no sea indispensable permanecer de pie.
La disposición aplicará para todo tipo de empresas, desde pequeños comercios hasta grandes corporativos, y no distingue entre oficinas administrativas o espacios de atención al público. Desde guardias de seguridad y cajeros, hasta meseros, panaderos, cocineros y personal de limpieza, todos podrán beneficiarse de este nuevo derecho laboral.
Qué establece la Ley Silla
La reforma exige asientos funcionales
El eje principal de la Ley Silla es que todas las empresas deberán proporcionar sillas adecuadas a su personal, siempre que la naturaleza del trabajo lo permita. Se busca que los empleados puedan sentarse durante su jornada laboral en momentos en los que no sea estrictamente necesario permanecer de pie.
Esto representa un avance importante para sectores como el del comercio, donde trabajadores de tiendas departamentales, supermercados, cafeterías o cines suelen pasar horas en posición erguida sin pausas, algo que a largo plazo puede causar problemas circulatorios, dolores articulares y lesiones musculares.
El cambio legal busca reducir estos efectos negativos. Los empleadores tendrán un plazo de 180 días naturales para ajustar sus reglamentos internos y asegurar el cumplimiento de esta nueva disposición. Mientras tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá emitir nuevas normas oficiales mexicanas relacionadas con los factores de riesgo postural, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la ley.
La implementación será obligatoria sin importar el tamaño o giro del negocio, y se aplicará en todo el territorio nacional.
Multas por incumplir la normativa
Las sanciones superan los 280 mil pesos.
El incumplimiento de la Ley Silla no será considerado una simple omisión. Las sanciones económicas establecidas en la reforma pueden ser considerables. En caso de que una empresa no proporcione las sillas requeridas o impida su uso cuando no hay necesidad de estar de pie, la multa puede ir desde 250 hasta 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Considerando que el valor de la UMA en junio de 2025 es de 113.14 pesos, las multas pueden variar entre 28,285 pesos y más de 280,000 pesos, dependiendo de factores como la gravedad del caso o si se trata de una reincidencia.
Más allá del castigo económico, hay otro elemento importante: en los casos más graves, las autoridades laborales podrán incluso suspender temporalmente las actividades de la empresa infractora, lo cual representa una alerta para todos los empleadores que aún no han hecho los ajustes correspondientes.
Este tipo de sanciones se establecen como mecanismo de presión para garantizar condiciones más humanas en el ambiente laboral. Según datos recientes, cerca del 45% de los trabajadores en México pasan su jornada laboral completa de pie, lo que hace que esta medida no solo sea relevante, sino urgente.
Qué representa para México
Esta reforma no solo transforma un aspecto técnico de la Ley Federal del Trabajo. Representa un cambio de paradigma en la cultura laboral mexicana, donde por años se ha normalizado que estar de pie todo el día es parte del trabajo. Hoy, con la entrada en vigor de la Ley Silla, se da un paso hacia la dignidad, el cuidado de la salud y el respeto de los derechos de quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía del país.
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